¿Qué podemos esperar de la ley SEP?

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Contreras, P. & Corbalán, F. (2010) “¿Qué podemos esperar de la ley SEP?" Revista Docencia 41

Síntesis y principales conclusiones:

El texto comienza realizando una breve descripción del fin que persigue la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), esto es, lograr mejorar la educación por la vía de la competencia, pues la distribución de fondos de forma pareja provocaría que los estudiantes más “complejos”, es decir, más costosos de educar, estarían en desventaja pues simplemente no serían seleccionado por los establecimiento. De esta forma la ley SEP estaría basada en lógicas de mercado para buscar la mejora en la educación apuntando básicamente a tres objetivos: a) Participación de las escuelas en un sistema de clasificación, incentivos y sanciones ligados a resultados educativos, la clasificación resulta un eje fundamental y se lleva a cabo principalmente con el SIMCE; b) Formulación de planes de mejoramiento locales, de cuatro años, orientados al incremento del desempeño académico de los alumnos, el cual sería formulado de acuerdo a la clasificación obtenida por el establecimiento  c) Accountability del sostenedor respecto de procesos, gastos y resultados de cada escuela, ante el Mineduc y la comunidad escolar, lo cual implica una vigilancia constante y centralizada sumado a una permanente presión y falta de autonomía real; d) Apoyo pedagógico y administrativo por parte de Asistencia Técnica Educativa (ATE). Luego de la introducción a ley SEP, el texto se refiere a la evidencia internacional acerca de lo sefectos de políticas semejantes a la SEP. De esta forma se expone un panorama que ya ha sido estudiado como poco propicio para la educación y el aprendizaje. En este sentido podemos ver que “Para Apple (2007), el efecto concreto de estas políticas es una transformación de la cultura escolar hacia una cultura de auditoría” (Contreras & Corbalán, 2010) en donde se propicia una “necesidad constante de producir evidencia que muestre que se están haciendo cosas de forma eficiente y en la dirección correcta. La rendición de cuentas opera como un dispositivo de vigilancia que enseña a cumplir y presionar a otros para el cumplimiento de la tarea” (Contreras & Corbalán, 2010) Por otra parte también sucede que “la identidad profesional se redefine a partir de los principios de la nueva gestión pública, lo que implicaría la entrada de un nuevo conjunto de valores y un nuevo comportamiento moral, más cercano a una ética empresarial que al tradicional ethos del profesor (Gewirtz & Ball, 2000; Whitty, Power & Halpin, 1999; Citado en Contreras & Corbalán, 2010). Otros elementos problemáticos son la falsa autonomía con las cuales contarían las instituciones, pues su actuar resulta en la practica, completamente encausado por el curriculum y las pruebas estandarizadas que funcionarían como un medidor de eficacia, también se incurre en una privatización encubierta producto del cierre de establecimiento que no hayan podido recuperarse de la situación precaria en la que se encuentran. Finalmente se observa que “la evidencia internacional indica que las pruebas extensa de medición no mejoran efectivamente los aprendizajes” y se concluiría con una desprofesionalización y pérdida de autonomía en los docentes, pues este se convierte en un mero operador o técnico de la enseñanza dado a una serie de técnicas que debe manejar, enseñándoseles solamente a ser eficientes produciendo estrés, desmotivación y alienación en su labor. Finalmente, en el panorama nacional se puede observar que la experiencia internacional ha ido siendo ratificada (Inzunza, Corbalán & Contreras, 2010; Assaél, Redondo & Sisto, 2010), de esta forma se estaría adoptando una medida que ya se sabe que tienes serias problemáticas en otros países donde ha sido aplicada. Dos ejemplos de esta situación en Chile son la excesiva estandarización del trabajo docente, llegando incluso a estandarizar las planificaciones clase a clase y la asociación entre el rendimiento del SIMCE con una serie de consecuencia que estarían ligada a una clasificación del establecimiento y de los aprendizajes de los estudiantes, que como se ha señalado en numerosas ocasiones, no refleja un aprendizaje real.

Breve comentario:

Resulta muy (tristemente) llamativo que se pasen por alto en la formulación de leyes para la educación experiencias de otros países que ya han mostrado serias problemáticas en su aplicación. Finalmente resulta patente el sentido ideológico de la ley SEP, pues busca realzar el mercado y la competencia para enfrentar un problema social importantísimo que si se aborda con una óptica mercantil, termina sumiendo a las futuras generaciones en un circulo vicioso de burocracia, competencia e individualismo. Por otra parte parece relevante destacar la progresiva centralización y vigilancia (a modo de un panóptico) que genera una mentalidad de gobierno permanente, una alienación frente al diagnóstico y solución de los problemas locales de la educación

Citas textuales: (útiles para ser recogidas en informes y publicaciones)

En esta cultura de auditoría se generaría una re-centralización masiva y un proceso de des-democratización, creándose una autonomía distorsionada: los actores escolares son responsables en la medida que las consecuencias de los resultados repercuten sobre ellos (castigos o incentivos), pero cuentan con escaso margen real para decidir democráticamente el tipo de educación que ellos desean desarrollar (Apple, 1999, 2007; Contreras, 1999) (p. 9) En este contexto, no podemos esperar que se genere autonomía local, diversidad educativa ni igualdad de oportunidades. Tampoco que mejoren efectivamente los aprendizajes de los alumnos, aun cuando sí aumenten los puntajes en el SIMCE, tal como ha ocurrido en otros países (p. 12) Las evaluaciones externas se han multiplicado, quedando en entredicho la validez o utilidad de las evaluaciones hechas por los propios docentes. Son utilizadas por la ATE o el sostenedor para monitorear a la escuela y tomar decisiones en materia de gestión, pero no necesariamente para retroalimentar las prácticas pedagógicas (p. 12) Se presiona al docente a cumplir con requerimientos externos, lo que puede no traducirse en un cambio en sus prácticas pedagógicas, que apunte hacia una mejora de los aprendizajes de los alumnos (p. 12)